Política Criminal

La Política Criminal

Nos permite conocer diferentes estrategias para combatir la criminología en todo el mundo, es utilizada por el estado para entender el fenómeno de la criminalidad orientándose en la ciencia política, social y analices de delitos, considerando una prevención de actos delictivos transformando la experiencia criminológica en estrategias u opciones concretas asumibles por la legislación y poderes públicos. Los límites de la Política Criminal son difusos, tradicionalmente se entienden como una parte de derechos penales criminológicas condenándola a no tener materia propia, dicha Política Criminar nos brinda valoraciones y aportes importantes y novedosos, transcendentes y avanzados en cada época en la que transcurre, expresando la importancia que tiene como formalizador de los medios de lucha contra el delito y su índole pragmática, la convivencia en la diferenciarla de otras disciplinas, obteniendo experiencia en sistemas científicos más adelantados y el manejo de la legislación penal.  La Política Criminal también consiste en descubrir soluciones  organizando racionalmente diversos problemas que tiene el fenómeno criminal, logrando disminuir los crímenes en aquellos países con un alto índice de organización criminal, también es la encargada de respuestas extrapenales con el fin de prevenir  crímenes y garantizar una seguridad a la sociedad en la disminución de violencia y delitos, reduciendo el crimen organizado en general, por esta razón se creó la Política Criminal, la cual es sustentada y apoyada por la filosofía penal con una reflexión y fundamentos de la justicia de la legitimidad y límites del derecho de castigar y el tratamiento de la sociedad a los delincuentes con un rol de la moral,  el dar fruto a los derechos del hombre con una regulación  en la vida colectiva comprendiendo todos los esfuerzos de la política social especialmente en los costos sociales resultantes de la criminalidad, distribuyendo los costos sociales equitativamente entre las partes implicadas del delincuente, la víctima y la comunidad política con derechos fundamentales en declaraciones universales de derechos concebidos como paradigma de la actuación de los poderes públicos. Caracteres tradicionalmente atribuidos a los derechos humanos con la universalidad, igualdad, indisponibilidad incluso con derechos positivos internacional a los derechos nacionales los cuales enjuician la actuación de poderes públicos de los estados que asumen una naturaleza de derechos internacional positivo con una legislación axiológica con una capacidad de una forma de presión social e individual en el mundo.