Estado de Derecho en la Política Criminal

 Estado de derecho

A medida que pasa el tiempo se proporciona un aumento desmedido de criminalidad la cual busca métodos eficaces para el enfrentamiento de este fenómeno. En sectores sociales se genera cuestionamientos sobre dicho rol que ocupan las instituciones estatales a el control social para la seguridad de los habitantes, por eso se forma una desconfianza en las agencias punitivas siendo demandadas frecuentemente de forma general es por esa razón que en su mayoría de soluciones exigidas opta por la resolución en problemas de inseguridad convirtiendo el derecho penal en una garantía para la seguridad ciudadana. El estado busca definir sus funciones al afirmar la necesidad de reducir su papel social y así lograr ampliar la intervención penal la cual se genera por medio de la Política Criminal con una planificación del conocimiento serio y científico de la realidad social. La política criminal se convierte en una cuestión moral  más que de seguridad ciudadana, porque las personas son vistas como objetos de un sistema penal al tener seguridad con sus víctimas y no por sus derechos y por ende se desarrolla una política criminal donde es caracterizada por una creación de nuevos delitos o bien agravar los que existen y se enfoca en los tipos penales sin interesarle las consecuencias en un ámbito de actuación en los sectores de mayor riesgo donde la opinión pública es amenazante y a poder estigmatizar ciertos grupos sociales y por ello se establece una "Política" de apaciguamiento llamada "política de reflejos condicionales" la cual se encargaría de calmar los ánimos perturbados por el delito y con esto se da un interés de enfrentar la protesta de inconformidad social real o infundada, la cual es provocada por el crecimiento delictivo de la sociedad, por la inoperancia estatal que está demandada en el campo de la seguridad y justicia, convirtiendo a la política criminal en la herramienta electoral para lograr prevenir y reaccionar de una manera eficaz contra el delito y no en un estudio de medidas o criterios y dichos argumentos que no llegan a nada. Se crea la politización de una justicia penal, utilizada por los gobernantes políticos para así lograr responder y hacerles frente a demandas sociales y no aplicando soluciones de problemas sociales en fondos de la criminalidad.